No sólo en el Amazonas el oro y su mezcla con el mercurio son la maldición del medio ambiente. Con complicidad devota del estado venezolano y participación de transnacionales mineras de Canadá, EUA, Gran Bretaña y Sudáfrica, está en marcha en Venezuela un proyecto para impulsar la pronta explotación de una riqueza aurífera que, según sus promotores y beneficiarios, es digna de aquel fabuloso "El Dorado" que en épocas de la conquista fue perseguido en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco por tantos europeos, como Gonzalo Pizarro o Walter Raleigh.Los conquistadores cedieron paso con el tiempo a los petroleros con acento tejano, cuando en los años 20 reventó el pozo de La Rosa, del que fluían cien mil barriles por día, y más de setenta empresas brotaron en los llanos y las selvas venezolanas en un abrir y cerrar de ojos. La Shell, la Standard Oil, la Gulf y otras rapaces compañías extranjeras acapararon pronto las concesiones, en tiempos del dictador Juan Vicente Gómez, que gobernó el país de 1908 a 1935.
Hoy se habla en Venezuela de entre 2.000 y 12.000 toneladas de reservas probables de oro, lo que significaría un 10% del stock mundial, con valor actual de mercado de 140 mil millones de dólares.
Por si fuera poco, supuestamente sería mineral de alto tenor, con rendimientos de 8,12 y hasta 16 gramos de oro por cada tonelada de material procesado, lo que se compara muy favorablemente con la producción de las vetas sudafricanas que dan en promedio 4 gramos por tonelada. Así que no es raro que se haya desatado una "fiebre del oro" incentivada además por el pretexto de que esta riqueza sería una solución a las graves dificultades económicas por las que pasa el país desde la década de 1980.
Antes de 1991, la extracción de oro en Venezuela era potestad del estado, que sin embargo no se ocupaba mucho de ello, pues el petróleo resultaba más rentable, manteniendo solo una modesta producción en las vetustas vetas de El Callao, que nunca pasó de 12 toneladas anuales. Aparte de esto, se permitía a la pequeña minería artesanal extraer unas pocas toneladas de oro en aluvión. Pero a partir de esa fecha y en conexión con el programa económico NEOLIBERAL, se abrió un proceso de concesión de grandes y medianos contratos para explotación aurífera, que hasta 1994 habían otorgado 436 concesiones por una superficie de 1.283.882 hectáreas, casi 12.839 kilómetros cuadrados, siendo el área que finalmente se entregará a los operadores mineros de unos 30 mil kilómetros cuadrados (apenas algo menor a la superficie de Bélgica o Catalunya y un poco más que la región andina venezolana). Voceros oficiales y privados hablan de una producción que para el año 2000 estará entre 40 y 60 toneladas, convirtiendo al país en uno de los máximos proveedores mundiales, dando empleo a 120 mil personas e ingresos a la nación de 250 millones de dólares anuales. Se anunció para 1996 el inicio de las actividades de la primera de las nuevas grandes minas (Las Cristinas, en el estado de Bolívar, operada por la PLACER DOME de Canadá) de donde saldrán 300 mil onzas de oro al año 9.331 toneladas.
Pero la prometida bonanza plantea un enorme problema ecológico: la minería aurífera solo es posible al sur del río Orinoco, en la vasta región de Guayana, la cual como el resto de la Amazonia presenta características únicas de biodiversidad cuya preservación es imprescindible y donde la intervención humana debe ser cuidadosa en alto grado por tratarse del entorno con la mayor variedad natural del planeta, que hace de Venezuela, el cuarto país del mundo en lo que a diversidad biológica se refiere.
La pérdida de la biodiversidad o diversidad biológica, es decir de la variedad de especies vivas, es también una trágica realidad en América Latina. Y hablamos de tragedia porque con cada especie que desaparece puede escapar la cura para enfermedades hasta ahora incurables y tantas otras utilidades, además del riesgo que acarrea para un ecosistema la desaparición de cualquiera de sus componentes. En América Central y del sur, la vegetación sufre una contínua devastación. Estan amenazadas bellezas como la Dicliptera Dodsoni, del Ecuador, la orquídea Sobralia Xantholeuca, de Guatemala, y cientos de especies sobrias o deslumbrantes que el saqueo de la Amazonia ha condenado a muerte.
También va cayendo el crepúsculo para el cocodrilo de Cuba, el petrel de las Bermudas, la paloma de Puerto Rico, el pájaro carpintero de pico de marfil de Cuba, la tortuga de río, el cocodrilo de Morelet, el guacamayo de pico colorado, el guacamayo jacinto, el loro caique, el manatí de Amazonia, la mayoría de los monos Callithrix sp. y titíes, la chinchilla, la nutria gigante del Brasil, el ocelote , el jaguar y tantas otras maravillas del reino animal.
Guayana comprende 44% del territorio venezolano (403750 Kms/2, estados de Amazonas Bolívar) y solo concentra 5,5% de la población (1.200.000 habitantes), concentrados casi todos en una pequeña área cercana al Orinoco, siendo el resto un espacio que se ha mantenido relativamente libre de la masiva intervención depredadora del Estado y el capitalismo. El potencial minero de Guayana (Oro, diamantes, bauxita, hierro, minerales radioactivos, titanio, etc.) hace tiempo es conocido y explotado, pero el ámbito donde se localizaron estas actividades, el modo de hacerlas y su impacto en el eco sistema apenas había afectado esas amplias extensiones, aunque los desastres ambientales por obra de la acción de pequeños mineros, tecnócratas estatales y terratenientes ya han hecho mella en varios puntos de la región.
Ahora, con el nuevo espejismo áureo, el riesgo se hace aún mayor y lo que estamos presenciando así lo confirma. Allí está el mismo proceso de otorgamiento de concesiones que, como cabe esperar en el estado venezolano, se ha visto marcado por toda clase de corruptelas y vicios, cuyos mejores exponentes han sido los sucesivos presidentes de la Corporación Venezolana de Guayana y los Ministros de Energía y Minas (en especial Erwin Arrieta, también Secretario General de la organización de los países Exportadores de Petróleo), acusados de figurar directamente o a través de testaferros entre los principales receptores de permisos de explotación, que luego traspasan a las transnacionales interesadas a cambio de jugosas comisiones. Este reparto codicioso llegó a incluir áreas que están expresamente prohibidas por la ley como el Parque Nacional Canaima (en el cuál se localizan las extraordinarias formaciones geológicas llamadas "Tepui" y las cascadas más altas del mundo, el Churun Meru o Salto Angel), donde se entregaron 18 contratos sobre 5.000 hectáreas en el norte del Parque. También han sido afectados otros santuarios naturales como la Zonas Protectora Sur del estado de Bolívar, donde nacen la mayoría de los ríos más caudalosos del país, y la Reserva Forestal de Imataca, que sufre el 40% de la actividad minera en la región a pesar de los decretos y la palabrería burocrática que dicen protegerla.
En cuanto al Estado de Amazonas, la voracidad minera está presionando con fuerza para que se anule la prohibición de realizar allí sus actividades, la cual en la práctica es cada vez más pura letra muerta.
Debe destacarse el impacto fatal que el "boom" minero tiene para la población indígena de Guayana, estimada en unas 80.000 personas de las etnias pemon, yanomani, piaroa, guahibo yekwana y otros 17 grupos más (25% de la población aborigen del país y 88% de sus etnias autóctonas) Para ellos, ocupantes milenarios y perfectamente integrados de ese frágil entorno ambiental, toda acción ecocida es un directo ataque genocida, de lo cual hay una larga historia que en los últimos tiempos se ha agudizado por la renovada presencia agresiva de los pequeños mineros llamados en Brasil "Garimpeiros", quienes son punta de lanza en la ocupación de territorios y explotación de riquezas de los que otros más poderosos serán luego principales beneficiarios. Se calcula que hay unos 30.000 en la región y su actividad destructora va desde el envenenamiento de ríos y suelos con mercurio (solo en la cuenca del Caroní se estarían arrojando 3.000 kg. de este metal tan tóxico, usado para separar el oro de otros minerales), pasando por la contaminación de las aguas con la remoción de sedimentos.
Que esto no es exageración se comprobó al derramarse millón y medio de litros de desechos de cianuro en los ríos Omai y Esequibo de la vecina Guayana, causando el peor desastre ecológico ocurrido en esa nación como resultado de las actividades de una filial de transnacionales del oro de Canadá y Estados Unidos. Además, las exigencias de rentabilidad para que estas compañías operen presionan de tal modo que el Estado no solo está cediendo a sus demandas sobre reducción de impuestos, exportación de beneficios y legislación ambiental a la medida, sino que se propone garantizarles toda clase de "ventajas comparativas" (suministro barato de energía, comunicaciones, obras públicas diversas, etc.), sin olvidar lo que disimuladamente reclaman respectos a la sobre explotación de la mano de obra, donde su historia en Sudáfrica, Brasil o República Dominicana es un funesto aviso de lo que espera a los trabajadores venezolanos. De esta manera, terminarán haciéndose humo los supuestos ingresos cuantiosos que la nación recibirá de su quimera dorada, sin compensar los terribles costos económicos, ecológicos, sociales y culturales que causa.
No ha dejado de haber respuesta a esta situación, proveniente de grupos ecologistas y proindígenas venezolanos, organizados en 1995 en la Coordinadora Nacional Contra la Minería, la cual a través de diversas acciones documentos y declaraciones ha tratado de alertar sobre el problema. Claro está que los amos del poder y de los grandes medios de difusión han querido minimizar esta voz disidente e imponer un supuesto acuerdo de la opinión "respetable" del país con las maravillas que anuncian los empresarios mineros y sus compinches gubernamentales. Con todo, se ha logrado al menos abrir algún nivel de concientización y debate respecto al asunto entre quienes están interesados en la problemática ecológica e indígena, obligando a que el Congreso se ocupe del asunto, hasta que el Procurador General asomara hace poco diciendo que podría anularse por ilegal todo este proceso. Creemos que esto no significa que el gobierno de Hugo Chávez pretenda echar atrás la apertura neoliberal de la minería del oro, sino que son maniobras de distracción para adormercer a potenciales opositores y para amarrar bien un negociado que promete ser tan rentable para quienes lo auspician como catastrófico para la Amazonia venezolana.
Tampoco faltan catástrofes relacionadas por la industria petrolera en Venezuela: en 1998 se registraron cinco grandes derrames de petróleo que vertieron 12,000 barriles de crudo en el lago Maracaibo.
QUANTA
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